El próximo 21 de junio está previsto que finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno de España para controlar la epidemia del virus de Wuhan, y a partir de entonces nuestro país inexorablemente afrontará un desafío de extraordinarias dificultades e incertidumbres -sin parangón al menos desde la Guerra Civil- para llevar a cabo la reconstrucción del tejido económico, la recuperación del empleo como bien social prioritario y el auxilio a la parte más débil y perjudicada de nuestros compatriotas.

La naturaleza global de la crisis desatada por la COVID-19 ha llevado por otra parte a las instituciones Europeas, en particular a la Comisión y al Banco Central, a poner en marcha un potente paquete de ayudas y estímulo de la actividad económica. Esta iniciativa comunitaria tiene el fin de facilitar a los Estados miembro la financiación de un vasto programa de inversiones cuya finalidad será, precisamente, superar en el plazo más breve posible las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de las medidas forzosas de contención impuestas por las autoridades durante los últimos meses.

Como señalaba acertadamente unos días atrás la Sra. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y promotora del “Pandemic Emergency Purchase Programme” (PEPP) dotado con 1,35 billones de euros, “tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias”. Pues no es solo la economía de los propios países lo que se encuentra en juego, sino también la pervivencia de la Eurozona como ente político supranacional para la cohesión y armonía de sus naciones a través de políticas comunes y mecanismos de solidaridad.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Sra. Ursula von der Leyen, acaba de anunciar en el Parlamento Europeo la estrategia propuesta por la Comisión para hacer frente a la necesaria reconstrucción de Europa a partir de un presupuesto reforzado de 2,39 billones de euros basado en tres pilares: por un lado, 540.000 millones de euros destinados a organizar una triple red de seguridad para trabajadores, empresas y Estados afectados por la pandemia; por otro lado, los 1,1 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que deberán dedicarse -en una parte muy relevante- a labores de reconstrucción de los sectores dañados; y, por último, 750.000 millones del fondo de recuperación, de los cuales 500.000 serán transferencias no reembolsables y los otros 250.000 millones préstamos, a financiar mediante emisiones de deuda a abonar a partir de 2028 y durante 30 años.

Ese ingente esfuerzo de inversión y reconstrucción se deberá reorientar según la dirección y ejes prioritarios que ya marcaba la política comunitaria antes de la irrupción de la pandemia: objetivos ODS, transición verde, adaptación al cambio climático, recuperación justa y solidaria y transformación digital. Todos ellos confluyen de manera especialmente intensa en el ámbito de la ciudad, que conforma por tanto un espacio privilegiado para plantear y desarrollar muchas de las iniciativas de dinamización económica y mejora social que el país necesita con urgencia para superar la grave crisis que nos atenaza.

La oportunidad de dar salida a la crisis a través de una fuerte inversión en la mejora, la regeneración y la calidad de la ciudad, viene principalmente de la mano de algunos objetivos de primera importancia, irrenunciables dentro de una agenda urbana realista y adecuada a los problemas de nuestro tiempo: (1) la eficiencia en los usos de la energía en el hábitat y edificios, con el fin de reducir significativamente su consumo y emisiones; (2) la sostenibilidad de la movilidad y el transporte, atenuando su efecto insalubre y acción agresiva sobre el entorno y sus habitantes; (3) la resiliencia del medio urbano, mejorando su vulnerabilidad frente a catástrofes y fenómenos extremos relacionados con los cambios del clima; y (4) la mejora y dignificación de la planta física de la ciudad, sus edificios, espacios públicos y equipamientos así como la imprescindible infraestructura urbana.

El marco para la transformación verde y digital que necesita la economía española está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, pendiente de su aprobación por la Comisión Europea, que entrará en vigor en 2021. Tres de las iniciativas más relevantes para llevar a cabo esta transformación han sido delineadas a lo largo de los últimos años y son: (1) la Agenda Urbana, que plantea un nuevo urbanismo, que tome en consideración aspectos como evitar la dispersión urbana, hacer una gestión sostenible y favorecer la economía circular o fomentar la transformación digital; (2) el Pacto Global de Alcaldes por la Energía y el Clima (“Global Covenant of Mayors for Energy and Climate”), que plantea una estrategia de descarbonización desde los municipios a partir de la elaboración de planes consistentes con los objetivos climáticos del Acuerdo de París; y (3) la Estrategia de Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE), cuya publicación lleva un cierto retraso y en la que es necesario emplear fondos públicos e implicar a los agentes privados para que sea una realidad tangible.

La disrupción provocada por la Covid-19 en la forma de habitar nuestras viviendas, de trabajar, comprar y relacionarnos, impulsará con inercia propia la transformación de nuestras ciudades para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se considera esencial aprovechar, como la oportunidad única que es, esta evolución natural para incorporar acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo necesario definir un plan estratégico de urgencia para poder tomar decisiones con una mirada a largo plazo.

La ciudad afronta el reto de repensar el modelo de movilidad, adelantándose a las necesidades de los ciudadanos, y aprovechando la coyuntura para implantar los requisitos de la movilidad sostenible que constituye, sin duda, un pilar fundamental de la transición energética. Además, el aumento del teletrabajo y del comercio digital, que tomará cada vez más relevancia, tendrá un gran impacto en su organización. Y las ciudades deberán necesariamente afrontar a corto plazo los cambios que imponga un mayor peso del transporte colectivo, elemento esencial para conseguir ciudades compactas, más eficientes desde el punto de vista del consumo de recursos. Como también lo deberá ser la irrupción del vehículo compartido, del vehículo eléctrico, con el hidrógeno como combustible alternativo, de los desplazamientos en bicicleta o medios alternativos, o un uso más racional y eficiente del reparto de mercancías.

En el proceso de la transición energética de nuestras ciudades y más concretamente de los edificios residenciales resulta esencial lograr la reducción de su demanda energética impulsando el ritmo actual de rehabilitación de inmuebles que ronda las 30.000 viviendas/año, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) precisa alcanzar en 2030 los 1,2 millones de viviendas rehabilitadas. Desde hace años se ha tratado de acelerar con poco éxito, siendo ahora una gran oportunidad conjugándolo con la creación de empleo estable, recuperando talento perdido desde la crisis de 2008 y siendo una oportunidad atractiva para los jóvenes. Para lograrlo las políticas que se emprendan en los próximos meses deberán dar seguridad a la inversión privada e incentivar con rotundidad al sector, reduciendo al mínimo el estado de incertidumbre que muchas empresas expresan, pues no cabe duda de su efecto tractor de la economía nacional.

En este contexto, no está de más recordar que la ciudad es una pieza clave dentro de la recuperación que todos anhelamos iniciar y que, por otra parte, debe verse más allá del tejido físico que da soporte al hecho urbano. No es una simple acumulación de edificios e infraestructura sino un organismo vivo y activo. La ciudad es el medio que produce la sociabilidad, la cultura, los intercambios y la creación de riqueza, bases fundamentales de la civilización y por ende de nuestra forma de vivir. Es la ciudad de los usos y también de los flujos, en ambos casos la ciudad de las personas, de las actividades y las relaciones humanas.

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ofreciendo su colaboración, traslada a las autoridades, inversores y empresas, la inmejorable oportunidad y deseada conveniencia de que, dentro del marco de las iniciativas del venidero plan de reconstrucción auspiciado por la Unión Europea, se actúe de manera decidida sobre la ciudad y los importantes procesos de transformación ecológica y urbanística que es preciso poner en marcha sin mayor dilación.